Al tratarse de un tema de consumo, este no genera costas para el consumidor. Únicamente podría derivar en los costes de la representación legal si es privada, pero cabe la posibilidad de poner el caso en manos de organizaciones de consumidores como OCU o FACUA los cuales aportan la representación legal sin costes para el consumidor. Por mi parte también estaba estudiando el asunto, ya que al margen de no cumplir los compromisos adquiridos en unos plazos razonables, al menos en mi caso han incurrido en otros abusos como la facturación de conexiones a interner al dar de baja la tarifa plana de internet que disfrutaba previamente sin previo aviso, y a pesar de aceptar una con mayor coste que según me indicaban no aplicaría hasta la retirada del terminal, esto último en teoría lo me lo han arreglado (aunque hasta no vea la factura no me lo creo). O también en la negación por parte de los operadores de facilitar la información de contacto para interponer una reclamación formal contra movistar, la cual están obligados a facilitar al consumidor (las reclamaciones que poner por telefóno o internet no sirven para nada ya que son internas y no tienen ninguna validez legal). De hecho si solicitas número de referencia de la reclamación y copia impresa de esta se niegan, te tan largas, e incluso tienen la poca verguenza de colgarte como ha sido mi caso. También me han denegado el envío de copia impresa de las nuevas condiciones del servicio que he acordado con ellos tras la aceptación de la contraoferta a pesar de solicitarlo expresamente en el mismo acto. Así como otra serie de irregularidades, todo esto constituye entre otras irregularidad el incumplimiento expreso del RD 424/2005 en su artículo 104, y 109. Así como del RDL 1/2007 en sus artículos 18, 20, 21, 60, 63, y 65.
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