LICITACIÓN/ El diseño del Ejecutivo para el nuevo sistema de Internet móvil puede optar por elevar las pujas para el Tesoro Público, apostar por ampliar la cobertura rápidamente o reforzar a nuevos rivales.
La llegada del 5G, la nueva red de Internet móvil, al mercado español, obligará al Gobierno a enfrentarse al dilema de elegir la orientación que querrá dar a la subasta de las frecuencias radioeléctricas del llamado segundo dividendo digital, imprescindibles para su desarrollo. El Ejecutivo deberá escoger entre maximizar la recaudación para el Tesoro Público, satisfaciendo las aspiraciones del Ministerio de Hacienda, u optar por una solución “industrial” que amplíe al máximo el porcentaje de población cubierta con la nueva red en un corto espacio de tiempo. También puede escoger aprovechar para reforzar la competencia favoreciendo a los nuevos actores como MásMóvil. El Gobierno está obligado por Europa a poner las frecuencias del llamado segundo dividendo digital –la banda de 700 MHz, que ahora está ocupada por emisiones de TDT– en manos de los operadores antes del próximo 30 de junio de 2020. Eso le obligará, previsiblemente, a realizar la licitación en la segunda mitad del año que viene como muy tarde. Pero en la letra pequeña del diseño de esta subasta, el Gobierno, a través del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de Álvaro Nadal, tiene tanta discrecionalidad que puede inclinar la balanza por un modelo o por otro. El segundo dividendo digital es el espectro más importante que van a tener que comprar las operadoras de telecos para desplegar el 5G, ya que por sus condiciones físicas, que ofrecen una gran propagación, es fundamental para asegurar la cobertura en las grandes zonas rurales donde la densidad de población es baja, así como en el interior de los edificios en las ciudades.
Por eso su precio será el más alto de todos, muy superior al de las frecuencias de la banda de 3,7 GHz, que el Gobierno va a licitar de forma inmediata, en este primer trimestre de 2018. Las frecuencias más parecidas por sus características al segundo dividendo digital son las del primer dividendo digital, es decir, la banda de 800 MHz, por lo que sus precios serán semejantes. Y en 2011, cuando se licitó la banda de 800 MHz, los operadores que se lo adjudicaron –Movistar,
Orange y Vodafone– pagaron al Estado, en conjunto, más de 1.200 millones de euros. Nueve años después, por
tanto, es probable que los precios del segundo dividendo digital sean aún superiores, de forma que los analistas estiman unos ingresos para el Tesoro Público situados alrededor de los 1.500 millones de euros. Pero el Ministerio de
Agenda Digital tiene en sus manos las bazas para predefinir que tipo de resultado quiere en la subasta.
Escenario fiscal:
Si la visión que se impone es la fiscal, el Ministerio puede fijar una subasta sin reglas previas ni limitaciones, a diferencia de la de 2011. Entonces fijó unas restricciones a las operadoras que limitaban a 10 megahercios la cantidad de espectro
que podían comprar cada una de las tres grandes. Debido a esta restricción, la competencia durante la subasta tuvo una intensidad limitada, y el precio de salida –de 170 millones de euros por cada uno de los seis bloques– no se incrementó demasiado. La media de subida respecto al precio inicial fue de un 33%. Pero en una subasta sin límites, cualquiera de los tres grandes podría tratar de quedarse con todo el espectro en licitación o con una parte mayor en vez de un reparto equitativo. Disponer de más espectro de 700 MHz para el 5G, daría una ventaja competitiva evidente al ganador en su oferta comercial porque podría ofrecer más velocidad y capacidad de datos que sus rivales. Esta hipótesis dispararía la rivalidad y las pujas, máximizando la recaudación para el Tesoro Público y dejando, por supuesto, fuera del reparto a cualquier nuevo entrante como MásMóvil.
Escenario de más cobertura:
Es el más convencional. Se trataría de fijar las mismas limitaciones que en 2011. Eso provocaría un reparto natural
equitativo de las frecuencias entre Movistar, Orange y Vodafone, que dejaría fuera a nuevos actores, pero provocaría una subasta tranquila. La única forma de asegurarse una recaudación sustanciosa sería por medio del precio de salida. Este es el escenario “más industrial”. Al no haber tenido que pagar un precio muy alto por las frecuencias, el Estado podría exigir una contrapartida en forma de exigencia de despliegue acelerado de las redes para lograr grandes coberturas del 5G en poco tiempo. Hay que tener en cuenta que en 2017, sólo dos años después de disponer del primer dividendo digital, la cobertura del 4G en España ya supera el 95% de la población por parte de los tres grandes operadores. Escenario hipercompetitivo:
Sería el más revolucionario y se basa en la hipótesis de que el Gobierno considerase que favorecer a un nuevo competidor sería la mejor opción. Como Movistar tiene 5 MHz de espectro más que Orange y Vodafone en la banda de 900 MHz, si el Gobierno fijase un límite de espectro sólo 5 MHz por encima del actual para las bandas bajas, el
resultado práctico sería que el Ministerio limitaría a Movistar la compra de espectro: sólo podría comprar 5 MHz, mien-
tras que Orange y Vodafone podrían comprar 10 MHz cada uno. De esa forma, quedarían libres 5 MHz, que previsiblemente podrían recaer en MásMóvil. Pero esta hipótesis genera dos grandes dudas: si MásMóvil podría dedicar más de 200 millones de euros a esas frecuencias y si es posible que una Administración nacional perjudique al campeón nacional (Movistar) frente a los dos grandes grupos ex-tranjeros, algo sin precedente en Europa.
