El Canal de Isabel II busca nuevos negocios casi tres años después del estallido del caso Lezo, la trama de corrupción presuntamente liderada por Ignacio González que supuso un grave daño reputacional para la entidad de abastecimiento de aguas. El Canal, cuyo mayor accionista es la Comunidad de Madrid, ultima la adjudicación de un servicio de "consultoría estratégica en el ámbito de las telecomunicaciones" que, entre otras cosas, deberá evaluar la conversión de esta empresa pública en operador de 'telecos'.
Con 433.850 euros de presupuesto, el concurso tiene como principal objetivo prestar apoyo al Canal para la elaboración de un nuevo Plan Estratégico de Comunicaciones que establezca la evolución de sus infraestructuras y telecomunicaciones en los próximos 10 años. Además, el adjudicatario deberá "prestar asistencia técnica en la elaboración de los documentos a presentar en la CNMC [Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia] relacionados con la conversión de Canal de Isabel II, SA, en operador de telecomunicaciones, si los escenarios seleccionados para su desarrollo así lo contemplan", según el pliego de condiciones.
En ese documento, la empresa pública recuerda que para dar servicio en la región cuenta actualmente con "una avanzada red de telecomunicaciones que conecta infraestructuras entre sí, además de con los centros de control", la mayoría de las cuales "se encuentran en lugares aislados de la población, o donde ésta es muy escasa, por lo que no hay disponibles servicios de telecomunicaciones por parte de los operadores de mercado".
"En un entorno en el que las necesidades de intercambio de datos crecen a gran velocidad, Canal de Isabel II SA necesita valorar continuamente la expansión de su red de telecomunicaciones. Asimismo, el hecho de conectar lugares de baja densidad de población la hace susceptible de ser aprovechada para dar servicios a la población e instituciones donde otros operadores, por cuestiones de rentabilidad, no se plantean llegar", añade el documento.
En concreto, y según datos de la empresa, actualmente el Canal de Isabel II dispone de una red de 893 kilómetros de fibra óptica en la Comunidad de Madrid para su propio servicio, además de 152 radioenlaces, 113 estaciones de red de radiotelefonía móvil (trunking) digital y 5.282 terminales para esta red.
Fuerte ampliación"Actualmente estamos planteando una fuerte ampliación de esta red, orientada a dar respuesta a las nuevas necesidades de telecomunicaciones de la empresa. En principio, se pretende conectar con fibra óptica todos los depósitos (más de 300) de la empresa, si bien el despliegue no se restringirá a estas infraestructuras. En términos geográficos, esto supone llevar fibra óptica virtualmente al 100% de los municipios de la Comunidad", explica la entidad.
"En ningún caso Canal se plantea hacer nada de esto fuera de la Comunidad de Madrid: la prioridad es ofrecer los servicios de telecomunicaciones que la empresa necesita y, de manera secundaria, brindar a la sociedad la posibilidad de aprovechar los excedentes", subrayan esas fuentes, que añaden que, dada la ubicación de esas infraestructuras, uno de los usos potenciales más relevantes que se anticipa será el de facilitar o complementar la llegada de servicios de banda ancha a las zonas más despobladas de la Comunidad de Madrid.
"Otro de ellos puede ser complementar el servicio de 'trunking' digital (Tetra) que actualmente se presta a los servicios de emergencia, seguridad y rescate de la Comunidad de Madrid con servicios de banda ancha, particularmente en aquellas áreas donde los operadores comerciales no ofrecen cobertura móvil de este tipo".
El Canal ya tiene desde hace más de 20 años una filial dedicada a este negocio, Canal de Comunicaciones Unidas, que gestiona sus sistemas de telecomunicaciones y realiza el control automatizado de procesos aplicados a la gestión de sus instalaciones asociadas al ciclo integral del agua (desde monitorización remota de depósitos y pozos a la gestión y localización de flotas de vehículos), así como su sistema de Radiotelefonía Móvil Digital, que es el que utilizan los servicios autonómicos de Emergencia, Seguridad y Rescate.
