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De hecho, tiene toda la pinta que esos derechos económicos, que Movistar ha comprado a LaLiga y ambos se afanan en proteger, no deben tener validez legal fuera de España.
El problema no es la validez aquí o allá de unos derechos económicos. El problema es cómo se defienden esos derechos, en principio legítimos, y si para defenderlos se usan medios cuando menos controvertidos. Antes dije que mis derechos no están por encima de los tuyos, ni los tuyos por encima de los míos. Eso mismo se aplica a los derechos económicos. Mis derechos económicos no son más importantes que tus derechos económicos, pero tus derechos económicos no son más importantes que los míos.
Si se anteponen los derechos económicos de LaLiga a los derechos de los clientes que pagamos un servicio de internet para navegar libremente (no incluyo aquí la piratería); si se anteponen los derechos económicos de LaLiga a los derechos económicos de los comercios online y otras webs con las que la gente se gana la vida, se está disparando directamente contra la línea de flotación de uno de los pilares elementales de un estado de derecho: la igualdad ante la ley.
Y eso es exactamente lo que está pasando: LaLiga, aprovechando su situación de poder, antepone sus derechos a los de otros, sin importarle perjuicios a terceros.