Todas las empresas de más 250 trabajadores atenderán en Catalán aún fuera de Catalunya
Junts ha anunciado este martes que ha pactado con el Gobierno una reforma legal para que el catalán sea obligatorio para trabajadores de servicios de atención al cliente de empresas de más de 250 trabajadores, que facturen más de 50 millones de euros anuales o que presten servicios básicos de interés general, con independencia de que estén o no ubicadas en Cataluña. El partido independentista catalán ha anunciado este acuerdo en el marco del proyecto de ley con el que se regulan los servicios de atención a la clientela, una norma que actualmente se encuentra en trámite parlamentario en el Congreso. Precisamente para este martes se había convocado la ponencia de esta ley, pero fue desconvocada y hay que poner nueva fecha para empezar a analizar las enmiendas registradas por los grupos parlamentarios. Los de Míriam Nogueras explican que mediante este acuerdo se implanta la obligación de atender en catalán en "la totalidad de los servicios básicos de interés general y a cualquier empresa de más de 250 trabajadores o que facture más de 50 millones anuales".En esta línea, han celebrado que con este pacto firmado con el Gobierno se asegura el derecho de la ciudadanía a ser atendida en catalán y también se ha introducido una disposición a la norma para evitar la invasión de competencias de la Generalitat en esta materia. Formación obligatoria
Entre otros puntos, se ha acordado la formación obligatoria del catalán para las personas que se dediquen al servicio de atención al cliente en las empresas expuestas y ya no será obligatorio responder "como mínimo" en castellano, sino que se hará mediante la lengua con la que el cliente se ha dirigido a la empresa. Las comunicaciones escritas entre la empresa y el cliente también tendrán que adaptarse a la lengua requerida por el último. "Estas medidas suponen un cambio de paradigma, puesto que ponen por delante el derecho del consumidor a ser atendido en catalán sin que esto dependa de la buena voluntad de la empresa o de su ubicación territorial", ha apostillado Junts. El partido de Carles Puigdemont recuerda que esta medida afectará entre otras a empresas eléctricas, de suministro de gas y agua, telefónicas, aeronáuticas, ferroviarias, autobuses, servicios postales, plataformas audiovisuales, servicios financieros o aseguradoras.
