¿Cómo afecta a las empresas la reforma del sistema de pensiones?

Juan_Estebanez
Editor_Telefonica Empresas
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El Gobierno ha anunciado un incremento de las cotizaciones sociales con un destope de las bases máximas para garantizar el mantenimiento del sistema de pensiones de jubilación. ¿Cómo afectan estas medidas a las empresas? 

 

Desafíos del sistema público de pensiones español 

 

El sistema público de pensiones se financia a través de las cotizaciones sociales de los trabajadores que están en activo, con las que se sufragan las prestaciones de los pensionistas. Así, las aportaciones mensuales de los trabajadores a la Seguridad Social sirven para pagar las pensiones. 

 

Existen dos tipos de pensiones: 

 

  1. Contributivas: prestaciones económicas que se calculan en función de las aportaciones realizadas a la Seguridad Social como consecuencia de la vida laboral de la persona. 
  1. No contributivas: son prestaciones económicas otorgadas a los ciudadanos en situación de necesidad que no han cotizado nunca o no cumplen todos los requisitos necesarios para alcanzar las prestaciones de las pensiones contributivas. 

El sistema público de pensiones necesita que el número de cotizantes en activo sea lo suficiente alto para sostener a los pensionistas. Es decir, los trabajadores que contribuyen con sus cuotas a la Seguridad Social deben satisfacer las prestaciones de los pensionistas.  

 

Así, el sistema afronta serios desafíos en la actualidad: el envejecimiento de la población afecta a su sostenibilidad financiera, ya que el número de trabajadores en relación con los jubilados es cada vez menor. Actualmente hay dos trabajadores por cada pensionista. La cada vez menor tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida hará que esta relación vaya cada vez peor. 

 

 

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Subida actual del gasto en pensiones 

 

Las anteriores reformas del sistema de pensiones, aunque de manera tímida, optaban por recortar las prestaciones, bien limitando el incremento de su cuantía por debajo del IPC o bien elevando las condiciones para acceder a ellas (mayor número de años cotizados, cambio en el período de cálculo y otras medidas). 

 

Por el contrario, los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) recogieron un incremento del 8,5% en el gasto en pensiones con el objetivo de paliar el fuerte incremento del IPC en el último año. Una buena noticia para los pensionistas, pero que supone añadir mayor tensión a la viabilidad del sistema. 

 

Además, frente a la pretensión inicial del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de variar el período de cálculo se opusieron los socios del Gobierno. Así, el periodo de cálculo se quedó en los últimos 25 años o en 29 años eliminando los dos peores.  

 

Reforma del sistema público de pensiones sin recorte del gasto 

 

Con la subida de las prestaciones económicas, la última y actual reforma de pensiones ha tenido que poner el foco en la recaudación. Ante la ausencia de ajuste en pensiones, la nueva normativa supondrá una merma del salario de los trabajadores, elevando sus cotizaciones sociales y también los impuestos. 

 

Mecanismo de Equidad Intergeneracional 

 

¿Cómo se orquestarán estas subidas? A través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una medida que consiste en un pago adicional del 0,6% en las cotizaciones a la Seguridad Social. La subida se repartirá en un 0,5% a cargo de la empresa y el 0,1% por parte del trabajador. Esto supondrá en todo caso, una merma en el salario neto del empleado, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. 

 

La implantación del MEI ya había entrado en vigor el pasado enero. La novedad estriba en que, lejos de ser una medida de carácter transitorio como se dijo, se extenderá al menos hasta 2050. Además, la subida de las cotizaciones sociales se irá incrementando de forma progresiva. Del 0,6% inicial se pasará al 1,2% en 2029. 

 

Las cuotas a la Seguridad Social a cargo de la empresa suponían el 23,6% de la base de cotización y la aportación del trabajador el 4,7%. Este año serán el 24,1% y el 4,8% respectivamente. Para 2029 subirán al 24,6% y al 4,9%. 

 

Un trabajador con una base de cotización de 30.000 euros al año cotizaba antes por 1410 euros. Con la nueva normativa subirá a 1.440 euros, por lo que cobrará 30 euros menos este año. Para 2029 la reducción alcanzará los 60 euros. Un trabajador que cobre 60.000 euros perderá 60 euros anuales en 2023 y 120 euros en 2029. 

 

Más gravosa será la situación para la empresa. Por cada trabajador de 30.000 euros tendrá que aportar 150 euros más a la Seguridad Social este año y 300 euros más en 2029. Para los empleados que cobren 60.000 euros, pagará 300 euros más este año y 600 euros adicionales en 2029. 

 

Destope de las bases máximas de cotización 

 

Es importante resaltar que estas subidas afectarán a todos los trabajadores, pese a que se dijo que sólo perjudicarían a las rentas altas. Lo que sí es cierto es que los sueldos mayores se verán afectados en mayor medida, algo que se producirá con el destope de las bases máximas de cotización. 

 

Así, se destoparán de forma progresiva las bases máximas de cotización a la Seguridad Social, que tenían el límite precisamente en los 54.000 euros.  

 

También se destopan las pensiones máximas, establecidas en 2023 en 42.829 euros al año. Sin embargo, el incremento de las pensiones máximas será inferior a la subida de las bases máximas de cotización. 

 

Las bases máximas irán aumentando en una cantidad que será el incremento del IPC más un 1,5% al año. Así, los trabajadores que cobre más de 54.000 euros verán como sube anualmente su cotización a la Seguridad Social. 

 

Cuota de solidaridad  

 

La reforma planteada por Escrivá tiene una “sorpresa” más. Un impuesto extraordinario denominado “cuota de solidaridad”. No afectará a todos los trabajadores, sino sólo a los que están por encima de la actual base máxima de cotización. 

 

Al ser un impuesto y no una cuota social, esta “cuota de solidaridad” no tendrá el efecto de aumentar la pensión futura del trabajador. Estas cuotas serán abonadas por las empresas a partir de 2025 y supondrán un 1% de la nómina del trabajador, que irá creciendo un 0,25% anual hasta el 6% en 2045. 

 

Todas estas subidas de cotizaciones y de impuestos redundarán en una fuerte subida de los tipos marginales del IRPF. Si para un sueldo de 60.000 euros, el tipo marginal era del 47%, a partir de 2048 el tipo se elevará por encima del 60%. Para los salarios más altos, puede superar el 66%. 

 

Incremento automático de las cotizaciones en los 30 próximos años 

 

Pese a todos estos incrementos, la Unión Europea (UE) entendía que no eran garantía suficiente para el mantenimiento del sistema de pensiones a largo plazo. Así, el Gobierno ha pactado un incremento automático de las cotizaciones sociales de todos los trabajadores durante las próximas tres décadas si es necesario. Así, si la situación financiera en el medio y largo plazo no se encuentra equilibrada, las cotizaciones subirán automáticamente.  

 

Consecuencias de la actual reforma del sistema público de pensiones 

 

El principal efecto de la reforma planteada por el Gobierno es un fuerte incremento de los costes laborales. Este incremento puede ser más perjudicial para las pymes y los autónomos, que carecen del músculo financiero de las grandes empresas.  

 

En un comunicado conjunto, CEOE, CEPYME y ATA alertan de que la subida de las cotizaciones “mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo”.  

 

¿Cómo puede afectar esta subida de los costes laborales? El incremento puede tener consecuencias para los trabajadores, las empresas y la economía en general: 

 

  • Aumento de la inflación: en el actual entorno de subida del IPC, el aumento de los costes laborales puede conllevar unos efectos inflacionistas de segunda ronda. Las empresas pueden verse obligadas a aumentar los precios de sus productos y servicios para conservar sus márgenes de beneficios. 
  • Reducción de la inversión: estos mayores costes pueden suponer una reducción en la inversión empresarial, lo que limitará el crecimiento de la empresa. Las perspectivas de unos costes laborales crecientes pueden constreñir aún más sus perspectivas y capacidad de expansión y creación de empleo. 
  • Menor productividad: en ausencia de otros factores, la elevación de costes comporta una menor productividad. Esto supone una seria amenaza en entornos altamente competitivos, especialmente frente a empresas de otros países donde estos costes laborales no hayan subido. 
  • Pérdida de empleos: si no es posible trasladar estos costes laborales y no cuenta con margen suficiente, la empresa puede verse abocada a reducir su plantilla o las horas laborales de sus trabajadores. 

La mejor opción que pueden tener las empresas es contar con la flexibilidad suficiente para adaptarse al nuevo escenario de costes crecientes. De hecho, una forma de afrontar la dependencia de la mano de obra es optar por la automatización de procesos. Así, es importante no dilatar más la necesaria transformación digital y contar con las mejores soluciones digitales en la pyme para reducir el impacto de la previsible subida de costes digitales.