Router (incumplimiento de las condiciones de devolución)

Ja, ja, ja. Tus proposiciones me encantan, pero no voy a gastar huevos con esta gente, me los reservo. La incorporación a nuestro sistema jurídico del proceso monitorio –arts. 812 a 818 Ley Enjuiciamiento Civil- fue una de las principales novedades de su Texto Legal de 2000; encontrándose plenamente consolidado en otros países de nuestro entorno. La Directiva 2000/35/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 29 de Junio, por la que se establecen medidas contra la morosidad en operaciones comerciales, dispone que los Estados miembros establecerán procedimientos de cobro de créditos no impugnados, de tramitación acelerada. Uno de los aspectos más controvertidos, durante su debate parlamentario, fue precisamente la limitación de cuantía. El Anteproyecto de Ley fijaba su cuantía máxima en 3 millones de pesetas, que fue definitivamente elevada a 5 millones de pesetas en el Texto Legal. Ante un proceso nuevo, se produjo la lógica divergencia entre los que pudieron considerar aquellas cifras suficientes y aquellos que las entendieron reducidas. Debe resaltarse que ni en Alemania, ni en Italia ni en Francia se establece cuantía máxima. La Directiva europea antes citada ha establecido que estos procesos rápidos se apliquen con independencia del importe de la deuda. Se está, por tanto, ante un tema abierto, en el que si el legislador español fijó un límite máximo lo hizo según criterio de elemental prudencia. En cualquier caso estamos ante cantidades que nos permiten reclamar por esa vía, si se ha hecho el cargo. Esto es, cuando se ha cobrado indebidamente una deuda, que en este caso no es cierta, al no estar documentada, no tienen constancia de haber informado al cliente con la suficiente transparencia. Sencillamente nunca han informado. Me sorprende la Resolución de la SETSI y me sorprende que continúen con estas prácticas. Teniendo en cuenta que los clientes de Vivo (Telefónica) en Brasil están más protegidos que nosotros. Soy de la opinión de rechazar el recibo por el motivo que alegan y en el supuesto de la inclusión en Asnef solicitar a la Agencia de Protección de Datos su exclusión por no ser deuda cierta. Tienen un plazo de 10 días para hacerlo y no prosperaría. Resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos lo confirman. Asimismo se puede solicitar daños y perjuicios a Movistar si en ese tiempo el cliente se ha visto afectado por esta medida. Las sanciones son importantes. ¿Existe alguna asociación de perjudicados por las telecos, como ocurre con la Banca? Sabe la presidencia estas prácticas? Quizá debería conocerlas.